Amado Boudou

Actividad docente

• 1986-1988: ayudante (por concurso) de Microeconomía, en la Universidad Nacional de Mar del Plata
• 1988: ayudante (por concurso) de Estadística II, en la Universidad Nacional de Mar del Plata.
• 1989-1990: ayudante de cátedra de Economía Monetaria, en la Universidad Nacional de Mar del Plata.
• 2000: profesor adjunto de Macroeconomía y Políticas Públicas, en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
• 2001-2002: profesor asistente de Microeconomía en la Universidad del CEMA.
• 2001-2002: profesor asistente de Microeconomía en la Universidad del CEMA.
• 2001-2005: profesor adjunto de Microeconomía, en la UADE.
• 2001-2005: profesor titular de la materia Análisis Económico de la Empresa, en la Maestría en Administración, de la Universidad del CEMA
• 2002: director del curso Teoría y Práctica del Presupuesto Público, en la Universidad Atlántida Argentina

Carrera política

En 1998 se incorporó a la función pública como analista de la Ansés (Administración Nacional de la Seguridad Social). En 2002, el director de la Ansés, Sergio Massa ―en esa época peronista, pero desde 2015 convertido en aliado de Mauricio Macri―, lo designó como gerente de presupuesto. En 2008, con una vasta experiencia dentro del sector, se convirtió en director de la Ansés. Entre las acciones que llevó a cabo en este organismo se destacó la de estatizar los fondos de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) que hasta ese momento estaban en manos privadas ―principalmente del Grupo Clarín y sus testaferros― y fungían como una estafa multimillonaria.^[1] Boudou se propuso ―y lo logró― invertir los ahorros de los jubilados de tal modo que preservaran su valor.^[8]

El 9 de julio de 2009 saltó de la Ansés al Ministerio de Economía y se convirtió en uno de los principales aliados de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hasta el 10 de diciembre de 2011.^[1][2]

En 2011 la presidenta lo escogió como su candidato a vicepresidente para presentarse por la reelección.^[1] El 15 de diciembre de 2011 asumió como vicepresidente de la República^[2]

En las elecciones primarias (en 2011), la fórmula Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou consiguió el 50,07 % de los votos.

En 2012, la presidenta Cristina Kirchner ignoró un duro documento de los obispos católicos que advierten que el país «corre el riesgo de caer en dos bandos irreconciliables» (lo cual se considera una verdad de perogrullo, ya que la lucha de clases existe desde los orígenes de la humanidad). Tradicionalmente la Iglesia católica argentina ―con honrosas excepciones muy minoritarias― ha estado en contra de todos los Gobiernos nacionalistas y populares, y ha apoyado todas las dictaduras argentinas proestadounidenses.^[11] Cuando fue consultado acerca de este documento, el vicepresidente Amado Boudou respondió:

En junio de 2014, Amado Boudou visitó Cuba, y aseguró que Argentina estaría interesada en contribuir al desarrollo industrial de la nación antillana. Se interesó en la posibilidad de industrialización a que aspira Cuba y la consideró una planificación muy interesante, y opinó que la República Argentina podría hacer buenos aportes.^[13][14][15]

Amado Boudou (vicepresidente de la República Argentina) durante las conversaciones con Miguel Díaz-Canel Bermúdez (que en esa época era el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba), en la ciudad de La Habana, el 27 de junio de 2014. Fotografía de Alberto Borrego Ávila para el periódico Granma.

Falsas acusaciones de corrupción

El Grupo Clarín, al que Boudou le hizo perder el multimillonario negocio de las jubilaciones, mantuvo una guerra contra Boudou, manteniendo al vicepresidente continuamente en las noticias, acerca de diversas actividades delictivas en las que él habría incurrido. A los pocos meses de su asunción como vicepresidente, el Grupo Clarín armó una operación de denuncia de un caso de corrupción que lo involucraba en el centro de la escena. Una testigo (que siete años después confesaría que había mentido bajo juramento) afirmó que Boudou, a través de un testaferro había comprado una empresa que imprime papel billete, la ex Ciccone Calcográfica y que fue favorecida con una licitación para imprimir papel moneda cuando él se desempeñaba como ministro de Economía.^[1]

Clarín mantuvo continuamente en el candelero este tema, al que sumó otras calumnias, que lo acusaban de enriquecimiento ilícito y de falsedad en su declaración jurada.^[1]

Análisis de las acusaciones

Por sobre cualquier otro funcionario kirchnerista, Amado Boudou tuvo el récord de estigmatización por parte de todos los medios del Grupo Clarín, y eso no es nuevo, ocurrió durante todos los años de Gobiernos kirchneristas, y tiene que ver con dos cuestiones básicas:

• la nacionalización de la Ansés (los fondos de los jubilados), que dejó al Grupo Clarín con un porcentaje importante de acciones que pertenecían a las AFJP, en manos del Estado nacional); y
• haberle quitado a empresa Bolt (del Grupo Clarín) el negocio de la impresión de los billetes.

Héctor Magnetto ―CEO del Grupo Clarín, acusado de haberse quedado con la empresa de en una mesa de tortura― nunca perdonó a Boudou.

La detención de Boudou se sumó a la de Julio De Vido (ministro de Obras Públicas). La ofensiva judicial contra los funcionarios peronistas tiene como trasfondo la absoluta complicidad judicial ―en este caso, del juez Ariel Lijo― con los integrantes del Gobierno de Mauricio Macri. El juez Ariel Lijo ―quien es denunciado como empleado del Grupo Clarín― sobreseyó al actual presidente Mauricio Macri por haberse autoperdonado la multimillonaria deuda que tenía con el Correo Argentino. A los sobreseimientos express o la «falta de mérito» en investigaciones como los Panamá Papers (en los que está demostrada la complicidad del presidente Macri) se suman otros favores: por ejemplo, en menos de 72 horas, Jorge Macri ―intendente del municipio de Vicente López (Gran Buenos Aires) y primo hermano del presidente Mauricio Macri―, pasó de estar embargado por 8 millones de dólares estadounidenses a no estarlo.^[17]

El diario Clarín expuso una galería de fotos sobre la detención, en el juzgado «esposado y expuesto como trofeo» por los policías; en el momento de la detención, en pijama y descalzo.

Boudou fue detenido a pedido del juez Ariel Lijo, en medio de un juicio oral que se le lleva adelante por la causa Ciccone, aunque la detención fue por otra causa, por presunto enriquecimiento ilícito, en la que aun ni siquiera fue indagado por el magistrado que ordenó su detención. Nadie entiende la detención, ya que el exvicepresidente siempre se mantuvo a derecho, y se presentó a todos los requerimientos judiciales que le iniciaron.

La medida ordenada por el juez Lijo fue tan desubicada, que hasta despertó sospechas en el abogado Alejandro Sánchez-Kalbermatten (el impulsor de la denuncia contra Boudou que dio origen al expediente): «Me sorprendió a mí también. Desconozco los fundamentos del juez, pero tengo que reconocer que Boudou siempre se presentó, pidió permiso para salir del país, siempre estuvo a derecho y nunca me dejó la impresión de querer fugarse o entorpecer la investigación».

En la orden de detención, el juez Ariel Lijo le imputa a Boudou los delitos de ser jefe de una «asociación ilícita» dedicada al «lavado de activos, cometido en tres oportunidades», desde 2009 hasta 2015. Estos son los puntos sobresalientes del escrito en el que asoman generalidades en vez de especificaciones de la comisión de un delito que ameritara la privación de la libertad por un supuesto «riesgo procesal», «entorpecimiento del proceso» judicial y supuesta intención de «fuga».^[19]

• El juez Ariel Lijo ordenó las detenciones a pesar de que «las personas sometidas a proceso penal deben permanecer en libertad» en «resguardo de la presunción de inocencia».
• No obstante, el magistrado consideró que podría haber una «conducta evasiva» por parte de los imputados, así como también «la existencia de relaciones residuales» entre los imputados y otras personas, que podría hacer que aquellos configuraran «una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional». Es decir que se los acusa de poder «obstaculizar» el proceso.
• Dice que la detención se concretó porque Boudou puede poseer «la información relevante, los contactos y la capacidad de acción» suficiente como «para evadir el accionar jurisdiccional, dificultar la producción de pruebas y el recupero de los activos por los que está imputado».
• El juez Ariel Lijo justificó la privación de la libertad en su creencia de que existe «la voluntad» de «ocultar sus operaciones» y que con ello «se deriva el peligro concreto de que la investigación esté siendo obstaculizada». Sin embargo, ni en el caso de Boudou ni en el de Núñez Carmona especifica mediante qué actos o contactos podrían obstaculizar el proceso que ya lleva 5 años.
• El juez federal reconoce que Boudou siempre estuvo a derecho y no desoyó los llamados a declarar. El dictamen dice que «los imputados han cumplido con las obligaciones formales del proceso». No obstante, cita el fallo de la Cámara de Apelaciones que «establece nuevas pautas interpretativas al momento de valorar los riesgos procesales». El fallo es el que avaló el encarcelamiento, también sin sentencia, del ex ministro Julio De Vido.
• Tanto a Boudou como a José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele y Juan Carlos López se los acusa de «cometer delitos indeterminados» pero «con miras a la obtención de beneficios económicos».
• La «organización criminal» mediante la que habrían cometido sus «designios criminales» habría funcionado entre 2009 y 2015, mientras Boudou era vicepresidente.
• A Núñez Carmona, Vandenbroele y López se los catalogó como presuntos «prestanombre» de Boudou, es decir, testaferros que «se distribuían los roles de actuación en razón de la calidad y posición que cada uno de ellos ostentaba».
• Las sociedades anónimas a través de las que habrían operado serían Habitat Natural S.A., Inversiones Inmobiliarias Aspen, Rock Argentina, WSM, Beaver Cheek, Action Media, Vail Investments, Embarcaciones Argentinas y The Old Fund.
• «La función principal» de Boudou dentro de esa supuesta asociación ilicita «se encontraba especialmente ceñida al ámbito público», como ministro de Economía y luego vicepresidente, mientras que el rol de Núñez Carmona «se circunscribía al ámbito privado, en el cual realizaba todos aquellos actos que Boudou (…) no podía llevar a cabo». «Vandenbroele y López resultaban ser la cara visible del negocio».
• El juez Ariel Lijo sostiene que los imputados habrían llevado a cabo «un número indeterminado de maniobras ilícitas» en las que «subyacen graves actos de corrupción». Pero no dio precisiones de ellas.
• El monto del supuesto lavado por el que se acusa a Boudou y Núñez Carmona es de 4 238 900 pesos argentinos y 795 000 dólares estadounidenses. El blanqueo de ese dinero habría sido entre 2009 y 2010.
• A Agustina Kämpfer se la acusa de comprar un departamento por 120 000 dólares que no podría probar su capacidad económica para esa operación.

Encarcelamiento

Entre el 3 de noviembre de 2017 y el 12 de enero de 2018 estuvo privado de la libertad en la cárcel de Ezeiza (a 30 km al sur de la ciudad de Buenos Aires).^[20][21]

Liberación

Debido a las irregularidades en que incurrió el juez Ariel Lijo, el 12 de enero de 2018 la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires le ordenó que liberara a Boudou tras 70 días de prisión.^[22]